Las Palmas

Las plazas estamos unidas, estamos coordinadas. Lo que se hace aquí, se aprovecha allá, y viceversa. Por eso, en la web de Acampada Las Palmas compartimos con ustedes el siguiente informe elaborado por el grupo de economía de Acampada Sol.

Nos manifestamos en contra del Pacto por el Euro por ser un ataque a la soberanía de los estados y a los derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la situación de crisis van a agravarla generando una mayor deuda, y realizando esto sin contar con la opinión y respaldo de la ciudadanía. La solución a las grandes crisis del último siglo ha pasado por aumentar el gasto público y el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo contrario de lo que se pretende con el Pacto por el Euro.

Con el Pacto por el Euro los gobiernos de los países de la zona euro establecen llevar a cabo una política económica común para salir de la crisis y resolver el problema de la deuda. Cada año los Jefes de Estado o Gobierno asumen una serie de compromisos nacionales concretos que se fijarán por ley o constitucionalmente, dotándolos de un carácter vinculante y duradero.

Las políticas económicas que hasta ahora eran competencia estatal pasan a ser determinadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, robando soberanía a los propios estados. Así, España acaba de aprobar por decreto ley la descentralización de los convenios laborales, punto recogido en el pacto, sin acuerdo previo con los representantes sindicales.

El Pacto por el Euro tiene como objetivo reducir la deuda, aumentando la competitividad y la convergencia, para lo que plantea una serie de medidas, entre las que se encuentran:

1. Revisión del acuerdo de fijación de salarios y desvinculación de los salarios al incremento de los precios, lo que se traducirá en una reducción efectiva de los salarios y del poder adquisitivo de las familias.
2. Descentralización del proceso de negociación colectiva de los convenios laborales, reduciendo de este modo la capacidad de negociación de los trabajadores/as en materias como la cuantía del salario base, el abono o compensación de las horas extraordinarias, o el horario y distribución del tiempo de trabajo.
3. Reducción o congelación de los salarios de empleados públicos para contribuir a los esfuerzos de competitividad en el sector privado, de modo que los salarios a  la baja del sector público sirvan de referencia para la fijación de salarios en el sector privado.
4. Reforma del mercado laboral fomentando la “flexi-seguridad”, lo que se promueve por medio de la reducción de los derechos de los trabajadores/as, así como por la facilitación y abaratamiento de los despidos.
5. Reforma fiscal, reduciendo la presión impositiva sobre las rentas de trabajo (que pagan empresas y trabajadores/as), y aumentando los impuestos indirectos (IVA, impuestos sobre consumo de energía, etc.) que pagan todos los ciudadanos/as indistintamente de sus ingresos para mantener los ingresos fiscales globales.
6. El gasto público destinado a atención sanitaria y prestaciones sociales será sostenible, lo que se traduce en que estará supeditado a limitaciones impuestas por los objetivos de reducción del déficit fijados por la Unión Europea. Esto se traducirá en un deterioro de los servicios públicos y en su más que posible privatización.
7. Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación al ajustar las pensiones al incremento de la esperanza de vida, y reduciendo el importe de las mismas al ampliar el número de años para su cómputo.
8. Favorecer la privatización de empresas públicas, lo que provoca una pérdida de ingresos para el estado, así como un encarecimiento de los precios de estos servicios y bienes.
9. Fomentar la estabilidad financiera de la zona euro a través de la aprobación de toda ayuda necesaria a un Estado que se encuentre en graves problemas de financiación o en amenaza de tenerlos. Esta ayuda se aplica bajo el cumplimiento de estrictas medidas  de ajuste determinadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y en Banco Central Europeo, que en todos los casos suponen una pérdida de derechos de los ciudadanos y de la soberanía del propio estado en favor de instituciones sin ningún control democrático.

Enfrentar la crisis a través de la reducción de los salarios y el gasto público conlleva la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos/as, lo que implica una destrucción de la mediana y pequeña empresa, mayor generadora de empleo en nuestro país,  que depende en buena medida de la demanda de servicios y bienes de esta ciudadanía. Esta reducción de salarios y la destrucción de empleo derivada reduce los ingresos que el estado percibe de las rentas de los trabajadores, incrementando nuevamente el déficit a financiar y en consecuencia la deuda pública que nuevamente beneficiará a acreedores financieros y perjudicará a los ciudadanos/as. Estas medidas no solo no resuelven el problema de la deuda sino que empobrecen la economía europea, incrementan las desigualdades entre ciudadanos y entre países, perjudicando especialmente a los países periféricos, como España, que se hacen más vulnerables a los ataques especulativos.

Rechazamos el Pacto por el Euro por lo que propone, pero también porque no propone cosas fundamentales como:

1. Llevar a cabo una reducción del déficit a través del aumento de los ingresos fiscales, lo que se puede lograr por medio de la aplicación de una política fiscal progresiva, donde a las rentas más altas y a las rentas de capital le correspondería una mayor tasa impositiva, y luchando contra el fraude fiscal con la eliminación real de los paraísos fiscales y las SICAV.

2. Gestión eficiente y transparente del gasto público, con la eliminación de los privilegios políticos, empresariales e institucionales.

2. Exigir responsabilidades a la banca, a las empresas inmobiliarias y constructoras, a los responsables políticos y a las agencias de tasación, por ser los causantes y beneficiarios de la burbuja inmobiliaria, la especulación con el precio de la vivienda y la generación de una enorme deuda externa (87% de la deuda externa Española es privada) que pone en peligro la estabilidad de nuestra economía (la deuda pública española es menor que muchos país de EU).

3. Exigir responsabilidades económicas y patrimoniales de  gestores  financieros,  agencias de calificación e instituciones bancarias responsables de la especulación y por lo tanto de la creación de la crisis que nos afecta.

4. Regular el sistema financiero, frenando las actividades especulativas y obligando a los bancos a financiar la economía real y controlar los grandes movimientos de capital a través de la imposición de un impuesto a las transacciones financieras.

5. Establecer medidas de ayuda a la financiación de los estados con problemas que vayan dirigidas a los ciudadanos/as, y no a pagar a los acreedores de deudas privadas originando una nueva deuda pública más gravosa.

Existen alternativas al Pacto por el Euro y a la economía neoliberal que propone. En nuestra mano está luchar por ellas.

CONTRA EL PACTO POR EL EURO MANIFESTACIÓN CIUDADANA DEL 19 DE JUNIO

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