Antonio Pérez explica al Gobierno de Canarias los motivos de su inminente huelga de hambre

En varias Asambleas de San Telmo se ha ido informando del caso de Antonio Pérez, ganadero de Arucas, que tras una serie de incumplimientos por parte de las instituciones se enfrenta a una orden de desahucio para el próximo 2 de septiembre, y desesperado ha decido ponerse en huelga de hambre. Reproducimos a continuación la carta que él y su mujer presentaron en el registro general del Gobierno de Canarias (presidencia del Gobierno) el pasado 29 de Julio de 2011; en la que informan de la decisión de llevar a cabo esta huelga como única alternativa a su situación, que detallan en el mismo escrito.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, los que suscriben: Antonio Pérez Medina y María del Pino Déniz Castellano, casados con dos hijas y con D.N.I. nº (se omite para difusión)  y D.N.I. nº (se omite para difusión), respectivamente, y domiciliado en c/ Reyes Católicos n° 20, Hoya de San Juan, Arucas.

A V. E., con el debido respeto, exponen: que ambos cónyuges, constituimos, desde el punto de vista laboral, una unidad familiar ganadera con certificación de “explotación ganadera prioritaria” concedida por el propio Gobierno de Canarias y que, al no existir ningún expediente sanitario -ni de ningún otro tipo- que confirme la existencia de enfermedad alguna en las cabezas de ganado de nuestra propiedad no podemos comprender por qué se nos clausuró nuestra explotación ganadera y artesanal durante trece meses, acontecimiento a raíz del cual comenzó nuestro calvario.

Antes de centrarme en el motivo principal de este escrito, preciso referirme a algunos antecedentes, y de acuerdo con ello hago alusión a una primera reunión celebrada por la anterior Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y que contó también con la asistencia de su Director General de Ganadería y en la que, asimismo, estuvo presente el Consejero de Agricultura del Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ilmo. Sr. Alcalde de Arucas, así como sendos representantes de las entidades bancarias Caja Rural y Banco Santander y en la que yo, Antonio Pérez Medina, participé. Como consecuencia de esa primera reunión, y por parte de los mencionados representantes públicos y privados, se acordó apoyar a ésta familia para garantizar la viabilidad de la referida explotación ganadera.

En una segunda convocatoria en relación con el mismo tema, y a la que asistieron representantes de las entidades financieras arriba mencionadas, la anterior Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y su Director General de Ganadería, se recomendó por todos ellos a quien esto encabeza, y de común acuerdo, que yo traspasase la titularidad de la explotación a mi hija mayor, para que ambas (mi hija, y la explotación) se beneficiasen de las ayudas de la Unión Europea para el fomento de la ganadería y la incorporación de jóvenes ganaderos y ganaderas. Estas ayudas resultaban vitales para que la explotación y quesería anexas alcanzasen las condiciones higiénicas, sanitarias y de todo orden exigidas por la legislación europea y acordes con el código de buenas prácticas ganaderas.

Estos subsidios coadyuvarían, asimismo, a la compra del ganado preciso, teniendo en cuenta que el umbral mínimo de rentabilidad requerido por una explotación ganadera canaria es el equivalente a unas 50 reses de ganado bovino lechero. Además, se nos prometió -y en la misma reunión- la gestión de un crédito ICO adicional por si hiciera falta y para cubrir el importe total de los costes económicos a efectuar. Y todo ello a propuesta de la Sra. Consejera.

Ante el incumplimiento parcial de los acuerdos económicos prometidos, y al resultar con ello insuficiente el monto económico aprobado, dada la no disponibilidad por parte de mi familia de recursos suficientes para aportar en torno al 45% de la inversión total, nos vimos impedidos para poder culminar la operación de compra de ganado, de vital importancia para asegurar los niveles básicos de rentabilidad de la unidad de producción ganadera e industrial.

Como correlato de este proceso que dura ya varios años, nos vemos abocados a un expediente de desahucio con fecha de ejecución de 2 de septiembre de 2011, acto que puede suponer para nosotros, una modesta familia rural con más de cuarenta años acreditados de trabajo en la actividad pecuaria, la pérdida absoluta de todo nuestro patrimonio: la casa familiar autoconstruida y la explotación ganadera.

A día de hoy, seguimos sin entender, y lo queremos reiterar una vez más las razones que han llevado a la Administración Pública y a las instituciones privadas aludidas al incumplimiento de los acuerdos verbalmente adoptados sin que por parte de este ganadero se haya incumplido ningún término del mencionado acuerdo. Y por ello, tenemos que reprobar la inhibición de dichos organismos e instituciones de los compromisos verbales y morales libremente adquiridos y expresados. Actitud, que a mi poco entender, no supone un perjuicio exclusivo para con mí persona y para con mi familia, sino que atenta contra cualquier modesto ganadero como yo.

Por todas estas razones ante expuestas, y no habiendo encontrado una solución satisfactoria al problema en todas las reuniones habidas con los mencionados representantes de las instituciones ya citadas, no me queda otra alternativa que la de ponerme en huelga de hambre indefinida en un lugar público, postura que mantendré hasta que se cumplan los acuerdos pactados o que se haga justicia. En cualquier caso, el que esto suscribe agradecería su intervención urgente para demorar la fecha inmediata de desahucio y disponer con ello de un tiempo adicional para encontrar una solución razonable y consensuada al problema. Y con este escrito lo pongo en su conocimiento a los efectos oportunos, al tiempo que advierto a quien corresponda, que si se demostrase judicialmente que nos asiste la razón, y que si acaso esa razón se alcanzase con posterioridad a una pérdida irreparable de mi salud e incluso de mi propia vida, o también a costa de la propia salud y vida del resto de mi familia, (mi mujer e hijas) que ya está de hecho dañada psicológicamente por una situación que nunca debió llegar a la actual, los causantes se atendrán a las responsabilidades que correspondan a dichas consecuencias.

 

Sin otro particular, atentamente, en espera de su contestación y con el debido respeto:

 (Firman Antonio Pérez Medina y María del Pino Déniz Castellano)

 

Arucas, a 28 de julio de 2011.

 

 

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